Desde el 14 de mayo del 2006, muchos ciudadanos y ciudadanas, jóvenes y no jóvenes nos hemos movilizado para exigir nuestro derecho a una vivienda digna.
Hemos salido a la calle los excluidos del acceso a una vivienda, los hipotecados, los que ya no nos extrañamos de la corrupción de cada día, los que seguimos sin entender que haya más de 3 millones de casas vacías y que se siga permitiendo, los que pretendemos impedir que el afán de lucro de unos pocos (constructoras, inmobiliarias, bancos, políticos corruptos,…) secuestren los derechos de todos,… los que reivindicamos que se cumpla el Art. 47 reconocido en la Constitución Española, el derecho a una Vivienda Digna y Adecuada.
De nuevo hoy 24 de marzo del 2007, volvemos a tomar la calle porque sigue siendo necesaria la movilización para reivindicar nuestro derecho a una vivienda digna y adecuada, ya que la situación de la vivienda sigue siendo una problemática importante que afecta a mucha gente.
La problemática de la vivienda sigue generando en nuestro país dinámicas sociales de endeudamiento, exclusión y, por tanto, deshumanización. Nuestro sistema economicista dificulta a los y las jóvenes el acceso a una vivienda digna. Actualmente, la emancipación, lejos de ser sinónimo de realización personal, se convierte en un obstáculo difícilmente salvable. El derecho que todos y todas tenemos a una vivienda digna se está convirtiendo en un privilegio. Los abusivos precios que nos vemos obligados a pagar por el alquiler o la hipoteca nos llevan a aceptar cualquier empleo por pésimas que sean sus condiciones, son un fuerte mecanismo de control del sistema para generalizar la precariedad estructural que vivimos. Nuestra vida queda hipotecada en todas sus dimensiones. Estamos encadenados a la vivienda y por tanto encadenados a la precariedad. No se puede entender que el precio de la vivienda haya incrementado un 130% y los sueldos un 9%.
Actualmente son más de tres millones de viviendas desocupadas en nuestro país. Los propietarios utilizan las casas para especular y no para habitarlas, convirtiendo también de esta forma lo que es un derecho para todos, en un privilegio sólo para unos cuantos. Por tanto, la vivienda no podrá ser realmente un derecho mientras siga siendo un negocio para unos pocos.
Las políticas de vivienda y la gestión urbanística tanto a nivel local como regional, no están pensadas para la satisfacción de las necesidades de las personas. Algunos barrios de nuestra ciudad siguen siendo los grandes olvidados en los que zonas verdes, centros deportivos, espacios culturales,… brillan por su ausencia. La frenética expansión inmobiliaria es la única finalidad que se persigue sin tener en cuenta el impacto medio ambiental que pueda provocar o la ruptura de la conservación de la historia. La opción de confiar en nuestros representantes políticos no nos sirve. La tierra para edificar se ha convertido en una mercancía que se compra y que se vende y con la que se especula, sin importar cualquier tipo de repercusión.
Los bancos, cajas, constructoras, inmobiliarias, siguen siendo los grandes especuladores. En la última década han experimentado aumentos anuales de sus beneficios en torno al 20% y en algunos casos han llegado a incrementos superiores al 40%. Su objetivo no es otro que el aumentar sus cuentas de beneficios a costa de la necesidad y el sufrimiento de millones de personas. Y ante esta situación la Administraciones Públicas no hacen nada y siguen permitiendo que esto ocurra, siguen permitiendo la desregulación del mercado hipotecario, la liberación del suelo público, la exención fiscal de la especulación, la expropiación cuando nos da la gana para hacer planes urbanísticos sin la participación vecinal,…
El sistema capitalista es una gran fábrica de corrupción ya que el principal objetivo que persigue es el beneficio privado sin límites. Vivimos un modelo económico y social que ha puesto este país al servicio de la especulación inmobiliaria sin importar su coste económico o medioambiental o si alguien las habitará.
Toda esta realidad está generando una sociedad dividida en clases sociales, está generando una sociedad excluyente donde algunos quedamos fuera por no poder soportar la dinámica económica actual. Seguimos siendo muchas las personas que no vemos reconocido nuestro derecho a una vivienda digna recogido en el Artículo 47 de la Constitución Española “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”
Por todo esto hoy, con esta concentración Por Una Vivienda Digna, exigimos:
- Que el acceso a una vivienda digna (entendida como alojamiento, no como propiedad) sea un derecho universal, reclamable y equiparado a otros derechos fundamentales como la educación o la sanidad.
- Que se apueste por un modelo de ciudad y de urbanismo público que sea impulsado y surja de la participación democrática, activa y directa de los ciudadanos y que se concrete en la aprobación de planes urbanísticos, pensados para estar al servicio de los ciudadanos y no del mercado, constructoras ni de los propietarios del suelo.
- Que se acabe con las recalificaciones con intereses hacia propietarios privados y no un beneficio social y público.
- Que se acabe con la inmensa trama de intereses económicos que hay detrás de la construcción y el urbanismo.
- Priorizar el uso de la viviendas vacías mediante leyes que obliguen a todos los propietarios a tener ocupadas las viviendas.
- Leyes autonómicas que hagan que cuando un piso de protección oficial se quede vacío, sea la administración la que recompre ese piso y lo vuelva a adjudicar a otra persona o familia, así evitaremos la especulación a costa de los pisos protegidos.
- Fomentar el alquiler público, la construcción de vivienda pública y vivienda social y que sea gestionado públicamente.
- El fin del silencio administrativo ante las reivindicaciones de los vecinos de barrios concretos de nuestra ciudad como Aldea Moret y la Mejostilla.
- Hoy, volvemos a exigir y no nos cansaremos de repetirlo, que se reconozca nuestro derecho a una vivienda digna y adecuada reconocido en el Art.47 de la Constitución Española.
BASTA DE ESPECULACIÓN!
LA VIVIENDA ES UN DERECHO NO UN NEGOCIO!
POR UNA VIVIENDA DIGNA!
Hemos salido a la calle los excluidos del acceso a una vivienda, los hipotecados, los que ya no nos extrañamos de la corrupción de cada día, los que seguimos sin entender que haya más de 3 millones de casas vacías y que se siga permitiendo, los que pretendemos impedir que el afán de lucro de unos pocos (constructoras, inmobiliarias, bancos, políticos corruptos,…) secuestren los derechos de todos,… los que reivindicamos que se cumpla el Art. 47 reconocido en la Constitución Española, el derecho a una Vivienda Digna y Adecuada.
De nuevo hoy 24 de marzo del 2007, volvemos a tomar la calle porque sigue siendo necesaria la movilización para reivindicar nuestro derecho a una vivienda digna y adecuada, ya que la situación de la vivienda sigue siendo una problemática importante que afecta a mucha gente.
La problemática de la vivienda sigue generando en nuestro país dinámicas sociales de endeudamiento, exclusión y, por tanto, deshumanización. Nuestro sistema economicista dificulta a los y las jóvenes el acceso a una vivienda digna. Actualmente, la emancipación, lejos de ser sinónimo de realización personal, se convierte en un obstáculo difícilmente salvable. El derecho que todos y todas tenemos a una vivienda digna se está convirtiendo en un privilegio. Los abusivos precios que nos vemos obligados a pagar por el alquiler o la hipoteca nos llevan a aceptar cualquier empleo por pésimas que sean sus condiciones, son un fuerte mecanismo de control del sistema para generalizar la precariedad estructural que vivimos. Nuestra vida queda hipotecada en todas sus dimensiones. Estamos encadenados a la vivienda y por tanto encadenados a la precariedad. No se puede entender que el precio de la vivienda haya incrementado un 130% y los sueldos un 9%.
Actualmente son más de tres millones de viviendas desocupadas en nuestro país. Los propietarios utilizan las casas para especular y no para habitarlas, convirtiendo también de esta forma lo que es un derecho para todos, en un privilegio sólo para unos cuantos. Por tanto, la vivienda no podrá ser realmente un derecho mientras siga siendo un negocio para unos pocos.
Las políticas de vivienda y la gestión urbanística tanto a nivel local como regional, no están pensadas para la satisfacción de las necesidades de las personas. Algunos barrios de nuestra ciudad siguen siendo los grandes olvidados en los que zonas verdes, centros deportivos, espacios culturales,… brillan por su ausencia. La frenética expansión inmobiliaria es la única finalidad que se persigue sin tener en cuenta el impacto medio ambiental que pueda provocar o la ruptura de la conservación de la historia. La opción de confiar en nuestros representantes políticos no nos sirve. La tierra para edificar se ha convertido en una mercancía que se compra y que se vende y con la que se especula, sin importar cualquier tipo de repercusión.
Los bancos, cajas, constructoras, inmobiliarias, siguen siendo los grandes especuladores. En la última década han experimentado aumentos anuales de sus beneficios en torno al 20% y en algunos casos han llegado a incrementos superiores al 40%. Su objetivo no es otro que el aumentar sus cuentas de beneficios a costa de la necesidad y el sufrimiento de millones de personas. Y ante esta situación la Administraciones Públicas no hacen nada y siguen permitiendo que esto ocurra, siguen permitiendo la desregulación del mercado hipotecario, la liberación del suelo público, la exención fiscal de la especulación, la expropiación cuando nos da la gana para hacer planes urbanísticos sin la participación vecinal,…
El sistema capitalista es una gran fábrica de corrupción ya que el principal objetivo que persigue es el beneficio privado sin límites. Vivimos un modelo económico y social que ha puesto este país al servicio de la especulación inmobiliaria sin importar su coste económico o medioambiental o si alguien las habitará.
Toda esta realidad está generando una sociedad dividida en clases sociales, está generando una sociedad excluyente donde algunos quedamos fuera por no poder soportar la dinámica económica actual. Seguimos siendo muchas las personas que no vemos reconocido nuestro derecho a una vivienda digna recogido en el Artículo 47 de la Constitución Española “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”
Por todo esto hoy, con esta concentración Por Una Vivienda Digna, exigimos:
- Que el acceso a una vivienda digna (entendida como alojamiento, no como propiedad) sea un derecho universal, reclamable y equiparado a otros derechos fundamentales como la educación o la sanidad.
- Que se apueste por un modelo de ciudad y de urbanismo público que sea impulsado y surja de la participación democrática, activa y directa de los ciudadanos y que se concrete en la aprobación de planes urbanísticos, pensados para estar al servicio de los ciudadanos y no del mercado, constructoras ni de los propietarios del suelo.
- Que se acabe con las recalificaciones con intereses hacia propietarios privados y no un beneficio social y público.
- Que se acabe con la inmensa trama de intereses económicos que hay detrás de la construcción y el urbanismo.
- Priorizar el uso de la viviendas vacías mediante leyes que obliguen a todos los propietarios a tener ocupadas las viviendas.
- Leyes autonómicas que hagan que cuando un piso de protección oficial se quede vacío, sea la administración la que recompre ese piso y lo vuelva a adjudicar a otra persona o familia, así evitaremos la especulación a costa de los pisos protegidos.
- Fomentar el alquiler público, la construcción de vivienda pública y vivienda social y que sea gestionado públicamente.
- El fin del silencio administrativo ante las reivindicaciones de los vecinos de barrios concretos de nuestra ciudad como Aldea Moret y la Mejostilla.
- Hoy, volvemos a exigir y no nos cansaremos de repetirlo, que se reconozca nuestro derecho a una vivienda digna y adecuada reconocido en el Art.47 de la Constitución Española.
BASTA DE ESPECULACIÓN!
LA VIVIENDA ES UN DERECHO NO UN NEGOCIO!
POR UNA VIVIENDA DIGNA!
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